¿Qué es?
La mala praxis veterinaria se define como la actuación negligente o inadecuada por parte de un profesional veterinario, la cual puede ocasionar diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y, en consecuencia, afectar gravemente la salud de los animales y la tranquilidad de sus propietarios. En PERIVET, nos especializamos en el peritaje veterinario y en la evaluación objetiva de situaciones en las que se sospecha que se ha cometido un error profesional.
Nuestro enfoque se basa en un análisis meticuloso de la documentación clínica y en la revisión detallada de cada procedimiento, garantizando así una evaluación precisa y fundamentada.
Casuísticas habituales
Omisión o malinterpretación de pruebas esenciales que retrasan o impiden el tratamiento adecuado, afectando el pronóstico del animal.
Administración de medicamentos o realización de intervenciones quirúrgicas basadas en un diagnóstico incorrecto, con consecuencias graves para la salud del paciente.
Procedimientos realizados sin una adecuada explicación ni autorización del propietario, vulnerando su derecho a una decisión informada.
Insuficiente control y monitoreo después de intervenciones, lo que impide la detección oportuna de complicaciones.
Registros incompletos o erróneos que dificultan la reconstrucción de la secuencia de eventos y la identificación de responsabilidades.
FAQS
- Puede ser civil (indemnización), penal (delito) o disciplinaria (sanción). Debe demostrarse el daño y su relación con la actuación.
- Conciliación privada, mediación y dictamen de experto. Son métodos más rápidos y económicos que el juicio.
- Sí, los informes tienen valor técnico y pueden ser clave en reclamaciones o acuerdos sin juicio.
- Negligencia, impericia e imprudencia en veterinaria son tipos de errores profesionales que pueden derivar en responsabilidad. La negligencia implica falta de atención; la impericia, falta de conocimientos; y la imprudencia, actuar sin la debida cautela.
- Normalmente quien lo solicita, aunque el coste puede recuperarse si se gana el juicio. También puede incluirse como gasto judicial.
